Ley de segunda oportunidad

Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, popularmente conocida como Ley de Segunda Oportunidad.

Favorece acuerdos extrajudiciales y exoneración de deudas a particulares y pymes. Supone una segunda oportunidad para  quienes no pueden hacer frente a las deudas contraídas.

Va dirigida sobre todo para ciudadanos y ciudadanas particulares y para autónomos que, hasta esta este momento, debían afrontar sus deudas con su patrimonio presente y futuro
La ley contempla la necesidad de intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial con los acreedores. En este primer momento, tutelado por el juez, el deudor podrá liquidar sus bienes para abonar las deudas que pueda pagar o pactar la forma de hacerlo. Se podrá solicitar ayuda de un mediador concursal. Si, finalizado el proceso de negociación no se ha alcanzado un acuerdo, el deudor y el mediador concursal podrán solicitar ante el Juez el concurso de acreedores voluntario.

La ley establece varias condiciones para poder aplicarse, entre ellas:

  • Que el deudor compense a sus acreedores con la cesión de los bienes no necesarios para el ejercicio de su actividad profesional o con acciones de su propia compañía. En ambos casos, el valor de los bienes o las acciones deberá ser igual o inferior a la cantidad adeudada.
  • Que el emprendedor proponga a sus acreedores un plan de viabilidad y un calendario de pagos para hacer frente a las deudas. El plazo para realizar dichos pagos no podrá superar los diez años.

Quedan excluidos:

  • Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de las y los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.
  • Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores.
  • Quienes se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite, se quedan fuera.

Una vez solicitado el concurso de acreedores voluntario, el juez podrá exonerar al deudor de parte de sus deudas siempre que el juez considere que éste ya no tiene dinero ni activos para afrontar sus deudas y que haya obrado de “buena fe”.

La Ley establece dos excepciones a la exoneración de deudas: “los créditos de derecho público y los créditos de alimentos”.
La obtención de este beneficio se hará constar en el Registro Público Concursal por un plazo de cinco años.

Cualquier persona acreedora podrá pedir al juez la revocación de la exoneración de deudas si, en los cinco años posteriores  entiende que su deudor ha obrado de mala fe o ha obtenido ingresos no declarados.

Enlace a la Ley